La llamada litigación climática es un riesgo creciente, tanto para los negocios, como para sus jefes. Y es que el activismo climático está recurriendo cada vez más a los juzgados para denunciar casos abusivos de emisiones contaminantes. Ante ello, las empresas han de gestionar los nuevos riesgos legales derivados de las regulaciones contra el cambio climático. Así se aclara en un artículo publicado en la revista The Economist.

Datos del Sabin Centre for Climate Change Law, en la universidad de Columbia, Estados Unidos, muestran que, en los años 90, hubo un buen número de casos en contra de las compañías por emisiones contaminantes. En la siguiente década, se observaron unos 20. Pero desde 2010, se han superado los 110 casos. Los casos principalmente se centran en los productores de combustibles fósiles.  

Litigaciones contra empresas e individuos

Los litigios más ambiciosos son aquellos llevados por los estados y ciudades de Norteamérica en contra de aquellos grandes productores de petróleo, tales como ExxonMobil y Chevron. Una queja común de los activistas es que la combustión de los combustibles produce eventos atmosféricos de manera más frecuente.

Otro tipo de litigación son los casos que toman el cambio climático desde el prisma de los derechos humanos. En diciembre de 2019, la comisión de Filipinas de los derechos humanos dictó que las grandes productoras de petróleo podrían ser demandadas en el ámbito de los derechos humanos.

Por último, están los casos en contra de ejecutivos individuales. Y es que las obligaciones legales de los directivos crecerán a medida que salga a la luz más información sobre el impacto del cambio climático. Y los inversores ecologistas lo aprovecharan como otra arma en batalla. Cabe tener en cuenta, además, que estos riesgos legales se suman a otros riesgos físicos que también pueden impactar en las compañías.

Disputas contra los gobiernos

No siempre son los directivos los que están en el banquillo de acusados. En todo el mundo, los activistas están usando los juzgados en contra de sus gobiernos. En diciembre de 2019, por ejemplo, la corte suprema holandesa ordenó al gobierno reducir las emisiones de efecto invernadero del país a un cuarto de los niveles de 1990. Fue la primera vez que un juzgado forzó a un gobierno a tomar una acción climática directa.

Dos meses después, un juzgado en Londres proclamó que la decisión del gobierno británico de expandir el aeropuerto de Heathrow estaba fuera de ley, porque no habían tenido ninguna precaución climática en cuenta. Ambos casos podrían haber afectado a los negocios, tales como servicios y aerolíneas.

Los riesgos legales de este tipo irán subiendo a lo largo del tiempo. Una razón es que la ciencia que demuestra las conexiones entre los efectos atmosféricos y el cambio climático está mejorando. Otra, es que los activistas comenzarán a centrarse en compañías fuera de la industria de los combustibles fósiles, como por ejemplo a los fabricantes de coches.

Un tercer catalizador es el cambio en la actitud de los jueces. En un discurso reciente, Lord Sales, un juez inglés de la alta corte, argumentó que “la antigua dicotomía entre el éxito financiero de una empresa y su perfil ambiental se está colapsando”. Jueces australianos han mostrado actitudes similares. A medida que los jueces se retiran y los más jóvenes toman sus puestos, el ámbito judicial se centrará más en salvar el planeta.

Innovación ante los riesgos legales

La denuncia de empresas que emiten emisiones contaminantes por parte de los consumidores, reguladores y abogados podría ser el desencadenante de una revolución tecnológica. Un ejemplo es el del gas pizarra americano, que despegó  en el año 2000, después de un avance tecnológico. El precio del gas cayó en picado y su participación en la producción de energía americana subió desde un 20% en 2006 a un 38% en 2019, superando al carbón.

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Fuente: The Economist.